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Redactado en diciembre -
El Pleno del Congreso aprobó recientemente, con 113 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, el texto sustitutorio de la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público y la eliminación del régimen CAS.
Este proyecto de ley será enviado al Poder Ejecutivo para que sea promulgado y convertido en ley. No obstante, si esta norma es observada por el presidente Sagasti, el Presidente del Congreso podría aprobarla por insistencia.
El objeto de esta norma es incorporar a los regímenes laborales 728 o 276, en forma progresiva, a los trabajadores que desarrollan labores en las diversas entidades del Estado que se encuentran contratados bajo el Decreto Legislativo 1057 (Régimen CAS).
Esta nueva ley aplicará para quienes realizan labores permanentes al momento de la entrada en vigencia de la ley.
Otro de los requisitos es que los trabajadores deben tener contrato administrativo de servicios (CAS) por dos (2) años consecutivos o por tres (3) años discontinuos, computados a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Asimismo, los trabajadores deben haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios.
Este proyecto de ley también señala que la incorporación del régimen cas al régimen laboral 728 o 276 se realizará en forma progresiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley, respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas.
Para ese efecto, se tomará en cuenta el grupo ocupacional y el nivel del D.L. 276, así como la clasificación laboral funcional de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, según corresponda el régimen laboral ordinario de la entidad pública, de acuerdo con la labor desarrollada.
Este proceso se concretará en un periodo no mayor de cinco (5) años. El orden de prelación para la incorporación que se señala en este proyecto de ley está en función de la antigüedad de contrato, edad, cuota de discapacitados e igualdad de género.
